El cambio de uso del suelo ha provocado el 90% de la deforestación mundial en las últimas tres décadas, con América del Sur entre las regiones más afectadas. El 70% de la pérdida de bosques se debe a la ganadería y el 20% a la agricultura. Ante este panorama, ¿cómo mantenemos la producción agropecuaria al mismo tiempo que garantizamos un desarrollo económico sostenible?
América del Sur es internacionalmente reconocida por exportar productos agropecuarios, forestales y agrícolas, y uno de sus principales mercados es la Unión Europea (UE). Desde el año 2020, a partir del Reglamento 2023/1115 sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), la UE se inclina por productos que sean trazables, legales y que no provengan de tierras deforestadas. Esto ha redefinido el comercio global y representa una oportunidad para la sostenibilidad y la competitividad.
En ese sentido, desde mayo de 2025, se puso en marcha la fase de construcción de una iniciativa regional que involucra a Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, denominada “Cumplimiento de la normativa de la UE con impacto paisajístico”. Un proyecto que busca, para 2030, facilitar las condiciones habilitantes para que las cadenas agrícolas de América del Sur sean más compatibles con el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR), fortaleciendo sus capacidades técnicas en producción sostenible, restauración de paisajes y resiliencia climática.
“Como organización líder del proyecto, la UICN impulsa una transformación sistémica en la Amazonía y el Chaco, protegiendo ecosistemas estratégicos, fortaleciendo la trazabilidad y promoviendo cadenas agrícolas sostenibles y libres de deforestación. Esta iniciativa regional busca consolidar una producción más responsable, socialmente inclusiva y ambientalmente resiliente, posicionando a América del Sur en mercados internacionales con alto valor ambiental”, explicó Aracely Antón, Coordinadora del Proyecto Regulación de la EU y paisajes en la UICN.
Esta propuesta es financiada por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Acción por el Clima, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN), a través de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) y será implementada por un consorcio liderado por UICN SUR, en colaboración con la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en Colombia, el Centro para la Investigación Forestal Internacional y Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF) en Perú, Guyra Paraguay y el Comité Nacional Holandés de la UICN (UICN NL).
Como parte de esta fase, en junio se realizaron misiones a los países con la participación de representantes del gobierno nacional, gobiernos locales, actores de las cadenas de suministro y miembros del consorcio. Su objetivo fue recopilar aportes, identificar prioridades así como potenciales beneficiarios y aliados nacionales y locales.
Esta etapa no solo enriqueció el diseño de la fase de diagnóstico, sino que también ayudó a identificar las necesidades, cuellos de botella, retos y fortalezas de cada territorio, permitiendo determinar las condiciones necesarias para una implementación ágil y efectiva de sus tres componentes, en concordancia con las directrices de IKI y la UICN.
En esa línea, a continuación, presentamos algunas de las impresiones de los socios:
“Esta iniciativa resalta la importancia del trabajo interinstitucional y entre diferentes países para abordar los desafíos actuales ante la búsqueda de un real desarrollo sostenible. Esta fase de preparación nos permitió el encuentro con actores públicos y privados, autoridades nacionales, gobiernos provinciales, cámaras de productores, plataformas de trazabilidad y organizaciones de la sociedad civil, que tienen su foco de trabajo en la región chaqueña, para identificar sinergias, necesidades, opiniones y dificultades, con el objetivo de elaborar la propuesta final en el marco de este proyecto colaborativo”, expresó Sebastián Fermani, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina.

"En Colombia, donde se trabajará con cacao y palma, este proceso coincide con un momento clave de reconocimiento político del campesinado y abre oportunidades para fortalecer capacidades y articular instrumentos existentes para aplicar el reglamento europeo. También ofrece una vía para saldar deudas históricas sobre la organización de la frontera agrícola y puede convertirse en una herramienta valiosa para la construcción de paz, especialmente con pequeños productores de cacao que han participado en procesos de sustitución de cultivos ilícitos", señaló el Equipo FCDS, Colombia.

“Esta iniciativa se desarrolla en un contexto en el que tanto el sector público como el privado están avanzando en la implementación de sistemas de trazabilidad. En este escenario, las organizaciones pueden desempeñar un rol clave apoyando el desarrollo de sistemas sólidos que contribuyan al desarrollo sostenible y fortalezcan la competitividad de las cadenas de valor de estos commodities", manifestó Edder Ortiz, Coordinador de Sistemas & Ecología del Paisaje en Guyra Paraguay.

“El EUDR es una herramienta nueva, y este proyecto puede ser un puente para agilizar los mecanismos que apoyen y faciliten programas públicos y/o privados dentro de las cadenas de suministros, para dar un paso más adelante, y llegar a dar soluciones, fortalecer los mecanismos colectivos dentro de las cadenas productivas y a nivel de paisaje, favoreciendo así un mayor acceso a todos los productores a los mercados”, enfatizó Vincent Gitz, director regional para América Latina de CIFOR-ICRAF durante el taller multiactor de presentación del proyecto en Lima, Perú.

Algunos de los puntos que se analizaron en los talleres organizados en cada país fueron:
El proyecto contempla el desarrollo de tres componentes de trabajo como: 1) Cadenas de suministro y mercados; 2) Incentivos y acciones de gestión del paisaje, y 3) Aprendizaje y escalamiento, todos alineados con su impacto principal. Su fase preparatoria se prevé hasta octubre de 2025 con la elaboración de la propuesta final, en la que se definirá la teoría de cambio, los objetivos y las actividades previstas para la implementación del proyecto, planificado para iniciar su ejecución en el año 2026.